3-11-2022 / El Ayuntamiento de Barcelona ha llegado a un acuerdo con la Sociedad Gestora de Activos (Sareb) para regularizar a 68 familias vulnerables que habían ocupado viviendas de la Sareb. Algunas de estas familias ya han firmado el contrato de alquiler social y otras están en proceso de hacerlo.
Las conversaciones entre ambas partes han permitido que las personas que viven en estas viviendas y que se encuentran en procesos de desahucio en diferentes estados de ejecución puedan acceder a firmar un contrato de alquiler social, por el que pasarán a pagar un alquiler de entre 12% y el 30% de sus ingresos.
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Desde la Unidad Antidesahucios de Barcelona, se está realizando el seguimiento de casi 300 familias en proceso de desahucio en vivienda de la Sareb. El acuerdo al que ha llegado el Ayuntamiento con esta entidad no se limita a los 68 casos mencionados, sino a la revisión del total, de este casi 300.
Este acuerdo incluye el compromiso con la Sareb de no desahuciar a familias vulnerables y detener los procesos de desahucio que se ajusten a criterios de vulnerabilidad para garantizar que estas familias puedan regularizar su situación.
La mayoría de unidades familiares son hogares con niños, muchos de ellos encabezados por mujeres, en situaciones laborales precarias que pasarán a pagar un alquiler y que gracias al acuerdo podrán estabilizar su situación vital. La Sareb dispone en la ciudad de 824 viviendas, de las cuales sólo 60 estarían vacías, según fuentes de la propia Sareb, y el resto estarían alquiladas u ocupadas.
Recientemente el Ayuntamiento de Barcelona publicaba los “Datos de la evolución de las ocupaciones en la ciudad de Barcelona 2019-2022”, donde se ponía de manifiesto una disminución del 17% en la ciudad de Barcelona entre el tercer trimestre de 2019 y el de 2022.
Una disminución que está estrictamente ligada a la inversión en políticas de vivienda, como son la ampliación del parque público de alquiler, que con 11.500 viviendas, ya es el mayor parque municipal de todo el estado. Así como en la mediación a través de la Unidad Antidesahucios de Barcelona que ha mediado en más de 14.000 desahucios, activando
ayudas para cubrir deudas e impagos de alquiler a cientos de pequeños propietarios particulares, para garantizar que puedan cobrar sus alquileres y, por tanto, que sus inquilinos no tengan que perder la vivienda. O también, el gasto municipal en realojos de emergencia, que ha pasado de 3,5 millones de euros en 2015 a cerca de 25 millones este 2022.
Este acuerdo que ha anunciado hoy la concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Lucia Martín, confirma de nuevo que a más políticas de vivienda, menos ocupaciones. A pesar de este importante acuerdo para proteger a las familias vulnerables que actualmente viven en viviendas de la Sareb y que estaban en riesgo de ser desahuciadas, desde el Ayuntamiento se sigue exigiendo, que después de que el Estado haya pasado a ser el socio mayoritario en la Sareb, y, por tanto, sea mayoritariamente pública, todas las viviendas y terrenos que son propiedad suya en Barcelona, pasen al parque público de viviendas y suelo.