30-4-2021 / El Plenario del Ayuntamiento de Barcelona celebrado hoy ha aprobado el plan especial urbanístico para la regulación de los locales de juegos de azar en la ciudad. Este plan de usos ha salido adelante con los votos favorables del Gobierno municipal, ERC y Junts per Catalunya.
Se han abstenido los grupos municipales de Cs, PP y Barcelona por el Cambio. Barcelona es la primera ciudad del Estado que aprueba y pone en marcha la regulación.
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A finales de 2019, el Ayuntamiento suspendió la apertura de nuevos establecimientos de juegos de azar: salones de juego, bingos y casinos, con el objetivo de elaborar la normativa que ahora se ha aprobado. Actualmente en Barcelona hay 51 establecimientos de este tipo: 35 salones de juego, 15 bingos y 1 casino.
La nueva normativa prohíbe de facto abrir un negocio basado en juegos de azar, pues el Ayuntamiento fija ahora una distancia mínima de 800 metros respecto a cualquier centro educativo (guarderías, jardines de infancia, centros de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional, programas de formación o cualificación y universidades), para abrir un negocio de este tipo.
También exige distancias mínimas de 450 metros respecto a otros equipamientos como bibliotecas, centros de servicios sociales, centros cívicos, centros de jóvenes y de barrio, centros del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) o bien centros de salud (hospitales , centros de atención primaria, de urgencias, de atención y seguimiento a las drogodependencias, de salud mental para jóvenes y adultos, centros de día o hospitales de día).
En la práctica, pues, las nuevas limitaciones determinan que no habrá más establecimientos nuevos en la ciudad y se favorece su decrecimiento, ya que cuando se cierre un no se podrá abrir ninguno de nuevo.
Estos criterios tienen que ver también con la premisa de que hay que proteger a los colectivos más vulnerables respecto al desarrollo de un posible juego problemático o patológico a los menores y jóvenes hasta los 21 años, las personas con problemas de salud mental o adiciones y también las personas en riesgo de pobreza o exclusión social. El nuevo plan de usos aglutina y sustituye la normativa parcial que existía hasta ahora en algunas de las zonas de la ciudad.