27-2-2020 / Un juzgado penal de Barcelona ha calificado de «delito de daños en bienes de uso público o comunal» las pintadas murales realizadas por un vándalo grafitero sobre un tren de la línea 4 de metro en 2016. En consecuencia, le ha impuesto una pena de un año y cuatro meses de prisión, inhabilitación, multa, indemnización y la prohibición de acceso al metro de Barcelona durante dos años.
La sentencia, que lleva fecha del 14 de febrero y que por ahora no es firme, considera probado que el encausado, junto con otras cinco personas no identificadas, entró el 9 de octubre de 2016 en la zona de vías de la estación de la Pau de la línea 4 y pintó murales en tres coches. Los daños fueron valorados por Metro en 2.121,35 euros, en concepto de limpieza y sustitución de las juntas de las puertas y las ventanas, cantidad que el condenado deberá pagar en concepto de indemnización por responsabilidad civil.
Esta resolución judicial confirma el camino marcado por otras sentencias anteriores -este mismo mes otro juzgado ha dictado una con penas de multa para dos vándalos que fueron cogidos cuando pintaban un tren en Collblanc el 2017- con respecto a la aplicación del delito de daños previsto en el Código Penal por a realización de murales en trenes.
Esta es una de las propuestas de los operadores ferroviarios para frenar el insoportable impacto social y económico del vandalismo grafitero, ante la evidencia de que no es un simple deslucimiento que una limpieza pueda solucionar, que hay un deterioro del material móvil y una perturbación del servicio público de transporte que recae en los usuarios.
Perjuicios materiales y en el servicio
En este sentido, la sentencia recoge que el «factor corrosivo de los sprays» obliga a rebajar la capa de pintura de los vehículos afectados, lo que implica una disminución del espesor de la protección de la caja metálica y la necesidad de repintar íntegramente cada seis intervenciones.
En la operación de retirada se utilizan disolventes que también afectan a la chapa y las gomas, que conllevan un impacto ambiental y requieren un cuidado especial como residuos tóxicos que son. Además, «los daños no sólo son materiales en el vagón, sino en el servicio que se presta al ciudadano, ya que estos vagones durante el proceso de restauración quedan fuera de la circulación, por lo que el servicio se resiente» , concluye la juez.
Otro aspecto destacable de la resolución judicial es el valor de prueba dado a las imágenes del sistema de videovigilancia para la identificación del autor de los murales, junto con su firma, a partir de la declaración de un investigador de los Mossos d’Esquadra.
En consecuencia, el acusado, un español con antecedentes, que tenía 32 años en el momento de los hechos, ha sido condenado a un año y cuatro meses de prisión, con inhabilitación para el sufragio pasivo, una multa de 13 meses con una cuota diaria de 6 euros y la prohibición de acceso al transporte público de Barcelona durante dos años, «para impedir su reiteración delictiva», además de indemnizar TMB por el importe de los daños causados al tren.
Actividad delictiva organizada
Como se ha señalado desde TMB, el Observatorio del Civismo en el Transporte Ferroviario y las administraciones competentes en transporte, el vandalismo ferroviario se ha convertido en los últimos años en una actividad delictiva organizada, con una grave incidencia en el día a día de las redes de transporte público masivo, como la red de metro de Barcelona. Causa importantes perjuicios en el servicio -que sufren los usuarios-, los empleados y el conjunto de la sociedad.
El metro de Barcelona registra una media de cuatro intentos de intrusión al día, de los que el año pasado 626 tuvieron éxito (un 12% más que en 2018, fruto de un repunte de la actividad de los grupos de vándalos concentrada en el último cuatrimestre del año). Como consecuencia, 1.444 coches resultaron vandalizados con 41.734 metros cuadrados de pintadas murales, una superficie equivalente a seis campos de fútbol.
En cuanto al impacto económico, se destinaron 1,5 millones de euros a la limpieza de grafitis en trenes, costes que se incrementan hasta unos 4 millones sumando la vigilancia específica, la reparación y sustitución de cámaras de seguridad, puertas, trampillas, paredes y pozos; el repintado de los trenes, necesario después de varias limpiezas; el deterioro ambiental que provoca la eliminación de la pintura en las cocheras; el coste de las actuaciones judiciales, y la pérdida de ingresos causada por la afectación en el servicio de metro.
Para contener y minimizar el impacto del grafiti ferroviario, TMB ha adoptado diversas medidas de prevención y vigilancia contra intrusiones, autoprotección del personal y mejora de la eficacia en la persecución de los autores, en coordinación con las fuerzas policiales.
Siempre que se identifican presuntos vándalos, TMB procede contra ellos por las vías legales posibles, la penal (por daños, ya que no existe un tipo específico) y la administrativa. En este sentido, en 2019 TMB tramitó 127 denuncias penales y 103 denuncias administrativas por intrusión en instalaciones ferroviarias