Barcelona 9-1-2019 / El Ayuntamiento de Barcelona tramita 13 procedimientos sancionadores contra los propietarios de pisos de protección oficial (los llamados VPO), al detectar que no viven, y que además los mantienen vacíos o los alquilan sin la autorización de la Agencia de la Vivienda de Cataluña y a precios por encima de lo que este organismo debería establecer como máximo en caso de autorizarlo.
Esta acción, que lleva a cabo el Instituto Municipal de la Vivienda y la Rehabilitación de Barcelona, forma parte de un programa de inspección y control del parque de viviendas de protección oficial inédito hasta ahora en Cataluña, en cumplimiento de la normativa vigente sobre VPO.
Está previsto comprobar si se cumple la normativa en las 16.000 viviendas que aún tienen protección oficial en la ciudad de Barcelona. De momento, ya se han visitado alrededor de 1.500 y fruto de este trabajo han sido incoados estos 13 expedientes sancionadores más otro que ya ha quedado resuelto, al comprobar que no viven las familias que en su día fueron adjudicatarias.
Cuando se detecta una vivienda vacía, el Ayuntamiento lo que hace es iniciar una serie de diligencias previas, para intentar localizar a los propietarios y para determinar por qué circunstancias las viviendas se encuentran vacías, dado que la Ley del derecho a la vivienda establece la obligación de que las viviendas de protección oficial se destinen a residencia habitual de las personas que son adjudicatarias y propietarias. Sólo en casos excepcionales, y de manera transitoria, cuando los adjudicatarios acrediten la imposibilidad de utilizar la vivienda para vivir, se les puede autorizar a no vivir e incluso a alquilarlo. Pero el precio del alquiler lo fijará la Agencia de la Vivienda de Cataluña.
Las sanciones previstas en la normativa por el incumplimiento de estas normas, que se considera infracción muy grave a la Ley del derecho a la vivienda, puede suponer multas económicas muy elevadas, que pueden ir de los 90.001 a los 900.000 €.
Sin embargo, la voluntad del Ayuntamiento de Barcelona con el desarrollo de este programa no es en ningún caso recaudatoria, sino que lo que se pretende es que estas viviendas que se encuentran vacíos, vuelvan a recuperar su uso social.
Un expediente ya se ha resuelto
Además de los 13 expedientes abiertos, y fruto también de este programa, el Ayuntamiento ya ha resuelto un expediente sancionador contra propietarios de una vivienda de protección oficial de la calle del Doctor Aiguader, en este caso por dos infracciones muy graves: por no vivir y para destinarlo a alquiler sin la correspondiente autorización y, además, a un precio muy por encima del que se le habría autorizado.
La suma de la sanción que impone el Ayuntamiento para este caso es de 180.000 euros. La sanción también incluye la obligación de devolver a la administración las cantidades percibidas en concepto de alquiler que estaban por encima de lo permitido, es decir, un total de 16.048 euros, además de la sanción.
Estas viviendas de protección oficial construidas en los años noventa en el barrio de la Barceloneta, en la calle del Doctor Aiguader, mantienen su calificación de vivienda de protección oficial durante 30 años.
Mientras conserven esta calificación sus propietarios están sometidos a una serie de condicionantes legales.