Barcelona 19-12-2018 / El equipo de gobierno de Barcelona ha recibido hoy en entidades memorialistas y de defensa de los derechos humanos, como la Asociación Catalana de Expresos Políticos del Franquismo, el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña o el Centre Irídia, entre otros, para hacer un frente común antifascista ante el anuncio de la Fundación Nacional Francisco Franco de querer abrir una delegación en Barcelona.
Al encuentro también ha, asistido representantes del Grupo Municipal Demócrata, ERC, PSC, la CUP y los concejales no adscritos.
El Ayuntamiento de Barcelona, con el apoyo de las entidades, se ha comprometido a trabajar en diferentes medidas para tratar de evitar la apertura de la delegación de la Fundacional Nacional Francisco Franco en Barcelona. El Ayuntamiento requerirá al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, que es el responsable de velar por la legalidad de las actividades de las fundaciones, que inicie los trámites para ilegalizar la fundación, al considerar que su actividad es contraria a la Ley de Fundaciones, la Ley de Memoria Histórica y además de vulnerar varios artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En el encuentro de hoy, se ha explicado que se trasladará esta cuestión al pleno del Ayuntamiento que se celebrará el próximo viernes, para dotar de mayor legitimidad el frente común institucional y de la sociedad civil que se opone a esta posible apertura de una delegación en Barcelona.
El texto de la moción advierte que las actividades de apología de la figura de Franco y su dictadura no se ajustan a los fines de interés general exigidos por el ordenamiento vigente para el ejercicio del derecho de fundación. Un hecho que se puede considerar de anomalía democrática teniendo en cuenta que durante la dictadura se produjeron innumerables violaciones de los derechos humanos, la mayoría de los cuales hoy todavía no han sido suficientemente investigados y reparados.
Hay que añadir que la actividad desarrollada por la Fundación Nacional Francisco Franco en los últimos años ha estado rodeada de polémica por presuntas actuaciones ilegales. Destaca el envío de una carta en diciembre de 2016 a 355 alcaldes ofreciendo asesoramiento y asistencia legal para evitar aplicar la Ley de Memoria Histórica que obliga a retirar los símbolos franquistas de las calles y edificios públicos.
De hecho, el pasado 25 de octubre de 2018 el Parlamento Europeo adoptó una Resolución sobre el auge de la violencia neofascista en Europa (2018/2869 (RSP)), en la que se hace referencia expresa a la Fundación Nacional Francisco Franco e insta a los Estados miembros a prohibir efectivamente los grupos neofascistas y neonazis y cualquier otra fundación o asociación que exalte y glorifique el nazismo y el fascismo, dentro del respeto y la jurisdicción nacional.
Foto: Ayuntamiento de Barcelona