Barcelona 16-11-2018 / El Área Metropolitana de Barcelona (AMB), ha firmado la apertura de un expediente sancionador a Aguas de Barcelona, empresa que gestiona el ciclo integral del Agua. El motivo es el reiterado incumplimiento de la Ley 19/2014 de transparencia y acceso a la información pública y buen gobierno, que le obliga a dar toda la información de un servicio público como es la gestión del agua.
Aguas de Barcelona es una sociedad mixta, creada en 2014, y donde el 70% del capital está en manos de la empresa AGBAR, un 15% del accionariado pertenece a CriteriaCaixa y el 15% restante a la AMB.
La vicepresidencia de Medio Ambiente de la AMB, tras numerosas peticiones de información a la empresa Aguas de Barcelona, y ante el reiterado incumplimiento de las mismas, ha solicitado a la Agencia de Transparencia la apertura de un expediente sancionador. La Agencia, tras un análisis cuidadoso de los hechos, ha propuesto la instrucción de un expediente sancionador ante los indicios de infracción, que podría ser considerada muy grave.
El expediente sancionador es un instrumento utilizado como último recurso, tanto es así que, éste, es el primero que se abre desde que se creó este órgano de control, en el año 2015.
Las reiteradas peticiones de información requeridas a Aguas de Barcelona y el motivo de la apertura del expediente, se refieren principalmente a información contable, información sobre inversiones y justificación de gastos.
Eloi Badia, vicepresidente de Medio Ambiente del AMB y concejal de Presidencia, Agua y Energía del Ayuntamiento de Barcelona, ha remarcado que «estamos ante una situación muy grave, porque tiene que ver con el recibo del agua , que afecta a la economía familiar».
Añadió que «la falta de transparencia es preocupante porque muestra una actitud de obstrucción a la administración pública y el buen gobierno».
A destacar, dos peticiones, que no han recibido respuesta, sobre el contenido y los servicios contemplados en el contrato de transmisión de Transferencia de tecnología, Know how, por el que la SGAB (sociedad matriz de Aguas de Barcelona) cobra a la sociedad mixta un 3,5% de la facturación anual, lo que equivale aproximadamente a 10 millones de euros.
La empresa tampoco ha entregado a la administración los detalles sobre las memorias y cuentas de gestión de los años 2015, 2016 y 2017 y, pese a la insistencia de la Dirección de Medio Ambiente del AMB, también se niega a informar sobre el detalle de las tarifas del suministro de agua potable.
El procedimiento que se abre a partir de ahora con el expediente sancionador tiene una duración máxima de seis meses. Primer, la presidenta del Área Metropolitana de Barcelona designa una instructora de la Agencia de Transparencia que investigará los indicios, escuchará todas las partes y hará una propuesta de resolución del expediente sancionador.
La Agencia de Transparencia, creada en 2015, actúa como un órgano de garantía y tiene como objetivo implantar una administración sustentada en la transparencia, la participación, la información y la rendición de cuentas a la ciudadanía. Entre sus funciones está , precisamente, la de evaluar el cumplimiento de la legislación sobre Transparencia.