Barcelona 19-9-2018 / Paso importante en las políticas de ampliación del parque de vivienda pública de Barcelona. Este miércoles, la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad ha dictaminado a favor de la aprobación provisional del nuevo instrumento urbanístico que permitirá obligar a los promotores residenciales a reservar para vivienda de protección pública un 30% de los pisos nuevos que construyan.
Se trata de una de las medidas con más peso que surgen de las demandas de las entidades sociales para hacer frente al problema del acceso a la vivienda digna y proteger el equilibrio social de los barrios. En los últimos meses, el Gobierno municipal las ha trabajado con los colectivos y con los grupos políticos para reflejarlas en el nuevo instrumento urbanístico que hoy ha avanzado una fase más de su tramitación.
Antes de la comisión, la alcaldesa, Ada Colau, la teniente de alcaldía Janet Sanz y representantes de las entidades y de los grupos municipales que apoyan la medida han comparecido ante los medios para celebrar su avance. En concreto, por parte de las entidades ha habido representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB), Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Observatorio DESC, Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible ( ABTS) y Sindicato de Inquilinos.
Colau ha resaltado que la medida «marca un punto de inflexión» y un «cambio de paradigma». «Después de todo el mal personal que se ha causado a muchas familias con la especulación de la vivienda, ahora se empiezan a cambiar las reglas del juego introduciendo la corresponsabilidad, porque la vivienda es un derecho y no una mercancía y ha cumplir una función social «, remarcó. «Las administraciones han de cambiar las normas para garantizar la función social de la vivienda», ha añadido, y ha agradecido a las entidades el impulso y la dedicación para hacer realidad la normativa.
Más tarde, durante el debate de la comisión, Janet Sanz ha asegurado que los cambios aprobados hoy «han venido para quedarse». «Necesitamos civilizar el mercado y ampliar nuestro parque público. Barcelona necesita de estos nuevos instrumentos para hacer frente al problema grave que padecemos de vivienda «, ha recalcado.
Además de la medida del 30% de vivienda pública, la comisión también ha dictaminado a favor de la aprobación provisional de declarar todo el municipio como área con derecho de tanteo y retracto para que el Ayuntamiento disponga de derecho de compra preferente en la compraventa de determinados edificios o solares y evitar casos de gentrificación.
El viernes 28 de septiembre, este proyecto normativo se votará para su aprobación provisional en el plenario del Consejo Municipal. Una vez superado el último trámite en sede municipal, se elevarán a la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona para la aprobación definitiva.
Con su implantación, el Gobierno municipal quiere, por un lado, incrementar el parque público de vivienda de forma bien distribuida a todos los distritos. Y, por otro, regular el mercado inmobiliario y exigir a los promotores privados que se corresponsabilicen con el entorno urbano que otorga valor a sus propiedades.