Barcelona 7-9-2018 / El Ayuntamiento de Barcelona y el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) firmaron ayer un convenio de colaboración para incorporar en la Oficina de la Vivienda de Ciutat Vella el servicio directo de letrados del Colegio para atender a la ciudadanía, y las asociaciones de vecinos y entidades que lo soliciten.
Estos letrados ofrecerán información, y orientación jurídica y tramitarán la documentación necesaria para acceder a la asistencia jurídica gratuita, a la que quieren acercar los usuarios de las oficinas de vivienda de la ciudad.
La firma la han formalizado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Mª Eugenia Gay. También han asistido a la firma del convenio la diputada de la Junta de Gobierno del ICAB responsable del Turno de Oficio y Asistencia al Detenido, Carmen Valenzuela, el concejal de Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Barcelona, Josep Maria Montaner , y la concejala de Ciutat Vella, Gala Pin, entre otras autoridades.
Si bien tanto el Ayuntamiento como el Colegio de Abogados están reclamando que haya una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para volver a dar estabilidad y garantías a los inquilinos, y para combatir los abusos, estas dos instituciones también están de acuerdo en que «mientras que no se produce este cambio de regulación y legislación hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para acompañar a los vecinos y las vecinas en la defensa de sus derechos», dijo Colau.
El convenio firmado hoy con el Colegio de la Abogacía de Barcelona supone un paso más en esta línea. El ICAB asume la gestión de un servicio que complementa los que ya se ofrecen en la oficina, y que desarrollará desde las instalaciones de la Oficina d’Habitatge de Ciutat Vella, acercando así sus recursos a la ciudadanía.
El compromiso que se desprende del convenio formalizado hoy es que letrados especializados en la materia realizarán atención directa en la oficina -situada en la plaza Salvador Seguí, 13- diferentes días de la semana, dos mañanas (lunes y miércoles de 10 a 14h) y una tarde (jueves de 15 a 19h). Ofrecerán, por tanto, la posibilidad de acceder de esta manera a la justicia gratuita. La decana del Colegio de Abogados, M. Eugenia Gay, remarcó durante el acto el compromiso de esta institución en «la defensa al derecho de la defensa».
Gay ha recordado que a menudo la ciudadanía desconoce la ley y hasta donde llegan sus derechos, y esto los hace vulnerables. También ha insistido en la necesidad de este convenio de colaboración ya que «últimamente se han detectado prácticas ilegales y abusos, y hay situaciones dramáticas que han llegado a nuestros despachos».
Especial atención a prácticas especulativas
A través del convenio, el ICAB adquiere el compromiso de colaborar con la oficina en la detección de dinámicas nuevas que se producen en el terreno del derecho a una vivienda digna, derecho constitucional y estatutario. Así pues, se prestará especial atención a situaciones como las prácticas especulativas, las ilegalidades, el acoso pasivo, la dejadez de los propietarios con sus viviendas, el acoso activo por agresión, la subida desmesurada de los precios del alquiler, la compra de edificios por parte de grandes inversores para rehabilitar y que culminan con la expulsión o el desplazamiento de la población, entre otros.
El objetivo es estar atentos a estas problemáticas de mobbing activo y pasivo, y poder orientar jurídicamente tanto a la ciudadanía como a las entidades y asociaciones, para afrontarlas desde los distritos.
Se trata de la primera experiencia de estas características que se pone en marcha en la ciudad, y nace como una prueba piloto en el distrito de Ciutat Vella, con la perspectiva de que si tiene buena acogida y buenos resultados se pueda implementar en todas las oficinas de vivienda que el Ayuntamiento tiene abiertas a cada uno de los distritos de la ciudad.
Ciutat Vella ha sido el distrito elegido para implantar la prueba piloto porque «es uno de los lugares con más presión especulativa, donde se compran edificios enteros por parte de grandes inversores, donde nos hemos encontrado ya muchos casos de malas prácticas, y donde hay hay una gran demanda de asesoramiento jurídico, y hay muchos colectivos vulnerables, ya sea por edad o por nivel de renta «, ha remarcado la alcaldesa.
Una medida más en el contexto de las políticas públicas de vivienda
La alcaldesa ha querido remarcar también que «esta iniciativa no es un hecho aislado sino que se complementa con una serie de otras iniciativas que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Barcelona en materia de vivienda». Colau ha recordado que las políticas de vivienda son estratégicas para que las situaciones relacionadas con la vivienda se han convertido «factores de vulnerabilidad y de expulsión de vecinos y de vecinas, se producen abusos con las subidas de precios desmesuradas», según Colau.
En el campo de la emergencia, Colau se ha referido a la creación de la Unidad Contra la Exclusión Residencial (Ucero) que ha acompañado a lo largo de 2017 más de 2.300 familias con riesgo de pérdida de su vivienda habitual por evitando que estas familias quedaran desamparadas y en la calle.
Colau ha recordado también que en julio se iniciaron los 4 primeros expedientes administrativos contra acoso inmobiliario en toda Cataluña, aplicando la ley catalana del derecho a la vivienda de 2007.
Fotos: Ayuntamiento de Barcelona