Barcelona 6-7-2018 / El Ayuntamiento de Barcelona ha elaborado por primera vez un informe detallado sobre el déficit de plazas residenciales públicas destinadas a las personas mayores que hay en la ciudad de Barcelona, una tarea compleja dada la fragmentación de la información existente y la dificultad de acceder a los datos actualizados.
El objetivo del informe es hacer una radiografía precisa de la situación existente para poder afrontar el envejecimiento actual y futuro de la sociedad, además de clarificar competencias entre administraciones e incrementar la colaboración, en el marco del Consorcio de Servicios sociales de Barcelona (integrado en un 60% por la Generalitat y un 40% por el Ayuntamiento de Barcelona), con el fin de abordar la falta de recursos y mejorar la calidad del servicio.
Fruto de este trabajo, el consistorio ha podido cifrar por primera vez qué representa el déficit de inversiones en la ciudad: 2.780 plazas residenciales con financiación pública por debajo del objetivo que se fijó el mismo gobierno catalán en la programación para 2008 -2012 y un sobrecoste para las arcas municipales de al menos 18 millones de euros anuales.
Según el padrón de habitantes de enero del año 2018 en Barcelona hay 349.433 personas de 65 y más años, lo que representa el 21,5% del total de vecinos y vecinas de la ciudad. Ahora bien, las proyecciones demográficas prevén un crecimiento progresivo de este porcentaje, a un ritmo aproximado de una décima porcentual cada año. Esta tendencia hará que el aumento se concentre en la franja de población de 75 a 79 años y, finalmente, que en 2030 el 8,3% de la población tenga 80 años y más.
Por tanto, todo hace prever que los servicios necesarios para estas personas experimentarán un crecimiento de su demanda, y es por este motivo que el Ayuntamiento de Barcelona está ultimando una Medida de Gobierno específica para afrontar el reto del envejecimiento. El diagnóstico sobre residencias es un paso más en esta estrategia amplia.
El informe lo ha presentado este viernes la teniente la alcaldía de Derechos Sociales, Laia Ortiz, acompañada por el vicepresidente del Consejo Asesor de las Personas Mayores de Barcelona, Joan Martínez. «Al igual que la falta de inversión por parte de la Generalidad en guarderías vulnera los derechos de la infancia, la falta de inversión y planificación en residencias públicas está vulnerando los derechos de las personas mayores y de sus cuidadores. Es una situación que no viene de ahora y es heredera de hace varios años, pero hay que poner solución de manera urgente», explicó Ortiz en rueda de prensa, destacando que el informe tiene la voluntad de ser útil para cambiar la situación actual.
Una oferta insuficiente
Actualmente la ciudad de Barcelona dispone de 13.051 plazas de residencia. Un 42% del total (5.507 plazas) forman parte de la red pública, ya sean propias, concertadas o colaboradoras; un 46% (5.982 personas) están ubicadas en centros privados pero disponen de una prestación económica vinculada (PEV); y el 12% restantes (1.562 plazas) son privadas. En cualquier caso, el sector público es claramente minoritario en la ciudad, como demuestra el hecho de que entre las 5.507 plazas que forman parte de la red pública sólo un 30% son de gestión directa y el 70% restante se ofrecen a partir de proveedores privados.
Según el Ayuntamiento de Barcelona, un total de 3.942 barceloneses y barcelonesas están en lista de espera para ingresar en una residencia mientras esperan la plaza en un domicilio particular y, por tanto, son susceptibles de estar recibiendo atención por parte del Servicio de Ayuda en el Domicilio (SAD), el Servicio de Atención de Urgencias a la Vejez (SAUV) o un equipamiento sociosanitario, entre otros.
Así pues, sólo para atender la demanda actual de las personas que esperan una plaza pública en domicilio, habría que incrementar un 72% el número de plazas públicas en la ciudad.
Ahora bien, la radiografía de la situación actual va aún más allá, y es que la ciudad de Barcelona tiene un total de 24.114 personas con un grado de dependencia reconocido II y III que no están en residencias públicas o concertadas, de las que sólo el 10% recibe una PEV y que, por tanto, aunque no estén en lista de espera ni hayan hecho una solicitud, podrían tener derecho igualmente a una plaza pública.
Repercusiones a nivel municipal
Esta situación tiene un impacto económico claro en las finanzas municipales, que el Ayuntamiento de Barcelona estima en un mínimo de 18 millones de euros anuales. Esta cifra se refiere al dinero que el consistorio destinará este año al SAD que reciben personas que deberían estar ingresadas en una residencia (11 millones de euros) y al SAUV (7 millones de euros presupuestados, más del triple de los 2,2 millones que se destinaron en 2011).
El hecho de no disponer de las 2.780 plazas previstas en la programación territorial 2008-2012, y que no se han construido le genera un ahorro anual a la Generalidad de aproximadamente 28,8 millones de euros.
No es el único gasto municipal para atender a personas mayores que, en caso de existir más plazas públicas de residencia en la ciudad, serían susceptibles de vivir. Son ejemplos claros los 4,5 millones que se destinan a las 1.384 viviendas que actualmente funcionan con servicios para las personas mayores; los 11,5 millones que cuesta la teleasistencia, o bien los 600.000 dedicados al Respir Plus, entre otros. Y todo ello sin incluir programas específicos de atención y cuidado a la vejez que gestiona el Ayuntamiento como son el Radars, el Vincles o las Comidas a domicilio.
Fotos: Ayuntamiento de Barcelona
Avui presentem el primer informe sobre el dèficit de places residencials per persones grans a la ciutat. La competència per crear, gestionar i finançar residencies és de la Generalitat. A BCN hi ha 2.780 places menys respecte l’objectiu de la mateixa Gene pel període 2018-2012 pic.twitter.com/fC1I4vOGWZ
— Laia #Comuns (@Laiaortiz) 6 de julio de 2018