Barcelona 5-4-2018 / Las principales ciudades españolas han asistido este jueves en la presentación en Madrid de una proposición de ley para la regulación del precio del alquiler y la mejora de las garantías y el acceso a la vivienda de alquiler.
Lo han hecho en un acto conjunto en el Congreso, durante el cual han recordado que la especulación hipotecaria que ha pulverizado el derecho a la vivienda durante los últimos años ya se ha trasladado a los precios del alquiler y es un problema real en las grandes ciudades, como Barcelona, en que fondos de inversión han comprado edificios enteros con la voluntad de subir los precios de los inquilinos cada tres años, muy por encima de la capacidad de pago de los residentes. Las ciudades han lamentado también la nula voluntad política del actual Gobierno de la nación para hacer cumplir la Constitución en lo relativo al derecho a la vivienda.
Los concejales de Vivienda de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, A Coruña, Córdoba, Cádiz y Santiago de Compostela, ciudades con una población que supera los 7 millones de personas, han querido apoyar esta reforma legal, subrayando que la proposición busca revertir alguna de las últimas reformas de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) aprobada por el PP el pasado 2013, ante la evidencia de que ha supuesto un retroceso en el acceso a la vivienda.
En concreto, las ocho ciudades mencionadas consideran que para conseguir que el alquiler sea una opción estable, asequible y segura para la ciudadanía es necesario, de entrada, volver a los contratos de alquiler de cinco años. Además, en caso de que se trate de viviendas propiedad de grandes tenedores incluye una medida antiespeculación: una prórroga obligatoria de cinco años más si la persona o familia inquilina ha cumplido con todas las obligaciones contractuales.
La proposición de ley también pide que los ayuntamientos puedan declarar determinadas zonas urbanas como áreas de especial protección a las que, de manera temporal y siempre que se den criterios objetivos basados en precios oficiales de referencia, se puedan limitar los precios del alquiler.
Esta medida ya funciona en las principales ciudades de Alemania y en otros países de Europa, donde a pesar de disponer de un amplio parque de vivienda pública se considera imprescindible otorgar estabilidad también a los inquilinos del parque privado.
En Barcelona el porcentaje de la ciudadanía que vive en viviendas de alquiler se sitúa en torno al 30%, una de las cifras más altas del España.
El cambio legislativo que proponen las ciudades no tendría ningún impacto en los presupuestos generales del Estado ni contempla ningún gasto adicional, lo que debería facilitar la toma en consideración por el conjunto de grupos con presencia en el Congreso. De hecho, el pleno del Congreso ya aprobó el pasado mes de septiembre una proposición, en este caso no de ley, en que se pedía al Gobierno que tomara medidas para posibilitar que los municipios con fuertes subidas de los precios del alquiler puedan, en coordinación con las Comunidades Autónomas, regular estas alquileres abusivos.
Foto: Barcelonaaldia.com