Desde hace un año la comunidad islámica de Nou Barris padece una campaña de acoso por querer abrir un centro de culto islámico en la calle Japón del barrio de la Prosperitat.
La oposición inicial de un grupo de vecinos de la calle a la apertura del centro -que no recibió el apoyo de las entidades del barrio- la han hecho suya grupos políticos ultras y xenófobos como Democracia Nacional, a los que se ha permitido acompañar, cuando no abanderar y liderar, la protesta vecinal.
El centro, que ya está en funcionamiento al haber superado todos los requisitos administrativos, ha sufrido sabotajes continuos que han impedido el funcionamiento normal. La comunidad musulmana ha recibido amenazas e insultos, y muchos usuarios del centro temen utilizar el oratorio.
El vecindario de la calle, la mayor parte del cual no secunda las manifestaciones contra la mezquita, lleva un año soportando ruidosas protestas que alteran el derecho al descanso. El barrio y el distrito han sufrido los efectos de la propaganda racista e islamòbofa en las calles y el mobiliario urbano. Muchos jóvenes del barrio se sienten amenazados por no haber callado ante las actitudes ultras.
La presencia continuada de la extrema derecha ha atraído grupos ajenos al barrio que, al margen del trabajo de las entidades, han querido denunciar los grupos xenófobos, lo que ha sumado más tensión en la calle.
Aunque la Fiscalía ha denunciado a siete miembros de Democracia Nacional por presuntos delitos de odio en relación a estos hechos, desde el barrio se critica que las administraciones no hacen lo suficiente para detener esta campaña de miedo.
Desde las entidades se pide que se decrete una orden de alejamiento de la calle Japón para todos los elementos ultras que la policía tiene plenamente identificados.
Los activistas de las entidades del barrio se preguntan: ¿Es normal que la comunidad musulmana pida acompañamiento a las entidades para hacer uso del centro de culto? ¿Es normal que la policía mantenga una actitud pasiva ante los insultos y la intimidación? ¿Es normal que una minoría intolerante imponga el miedo al resto del vecindario?
Como representantes de la ley, los responsables policiales no sólo deben garantizar que el acceso al centro de culto se haga con seguridad, sino que las personas que lo utilizan lo puedan hacer en libertad y sin miedo. Los responsables políticos deben velar para que se hagan efectivos estos derechos.